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  • The 2017 Global Award for Entrepreneurship Research goes to Hernando de Soto

    The 2017 Global Award for Entrepreneurship Research goes to Hernando de Soto

    The Global Award for Entrepreneurship Research is the most prominent international award in entrepreneurship research with a price sum of EUR 100,000. De Soto’s analyses have had tremendous influence on policy throughout the world and were a main source of inspiration for the World Bank’s Doing Business program. Read More
  • 2017 Award Winner

    2017 Award Winner

    Hernando de Soto Peru  Institute for Liberty and Democracy For developing a new understanding of the institutions that underpin the informal economy as well as the role of property rights and entrepreneurship in converting the informal economy into the formal sector.   Read More
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La pobreza legal de la nueva riquezaThe document is in its original language. If you wish to read an automatically translated version, please click here .

Por Hernando de Soto  NEXOS, edición de 01 mayo 2009

En sus dos libros ya clásicos El misterio del capital y El otro sendero, Hernando de Soto sostiene que la riqueza no tiene más ancla que la propiedad y que sin una red segura y clara de derechos de propiedad, la riqueza, lo mismo que el capital y el crédito, languidecen hasta desaparecer. En el fondo de la crisis mundial desatada en el mundo desarrollado por instrumentos poco claros de propiedad, mundialmente célebres con el nombre de “derivados”, De Soto ve un problema de opacidad y legalidad muy semejante a la crisis endémica de derechos de propiedad que aqueja a la economía informal de los países en desarrollo

La clave de la actual crisis económica son los billones de dólares mal documentados que hay en los balances de las instituciones financieras. Ni deudores ni inversionistas saben a ciencia cierta qué significan estos documentos contaminados (toxic paper), a cuánto ascienden, quién los tiene y quién está en riesgo.

Cuando la recesión se desató en octubre pasado, el entonces secretario del Tesoro, Henry Paulsen, creó el Programa de Ayuda a los Activos Problema (TARP por sus siglas en inglés: “Trouble Assets Relief Program”). Quería restablecer el flujo de capital y de inversión. Inexplicablemente, a la siguiente semana las autoridades volvieron a las políticas de siempre: medidas monetarias para inyectar dinero a los bancos, y recetas anticíclicas: invertir en obras públicas. En los meses siguientes quedó claro que estos instrumentos no servían para contener la que se perfila como la crisis económica más seria de los tiempos modernos.

El gobierno estadunidense parece apuntar ahora al verdadero enemigo: la baja calidad de los documentos legales del mundo financiero, documentos que deberían expresar con claridad su valor para poder transmitirse sin riesgo o con riesgos claros.

Todo lo que tiene un valor económico y es propiedad de alguien —casas, coches, hipotecas, cuentas de cheques, acciones, contratos, patentes, deudas— está documentado en papel o por escrito. Sólo se puede poseer, transferir, medir y certificar el valor de estos bienes mediante documentos autentificados legalmente por un sistema común de leyes, normas y reglamentos. Garantizar que no se deteriore ni se degrade la relación entre esos documentos y los bienes que representan, exige un formidable sistema de derechos de propiedad. Son estos derechos claramente definidos los que generan la confianza y ésta la que permite que el crédito y el capital fluyan, y los mercados funcionen.

Durante los últimos cincuenta años la economía mundial creció más que en los veinte siglos anteriores previos, porque la gente pudo confiar, dividirse el trabajo, especializar las ganancias y obtener financiamiento a partir de la certidumbre de que los documentos de propiedad, así como los valores y oportunidades de negocio expresados en ellos, eran ciertos. Nos conectamos con la economía, global o local, mediante títulos de propiedad y de valores. Es imposible hacer negocios en un país —no se diga a nivel global— sin documentación legal confiable. Pero es esta red de confianza mundial la que se está desplomando. En años recientes los gobiernos degradaron los documentos de propiedad dejando que inundara los mercados una marea bíblica de instrumentos financieros “derivados” de hipotecas malas con un valor nominal de 600 mil millones de dólares, el doble del papel legal que hay en el mundo, sea en forma de dinero, valores financieros o propiedad tangible e intangible.

La increíble cantidad de estos documentos mal registrados y entreverados entre sí, impide saber cuánto valen realmente, cuáles no valen nada y quiénes son los dueños. La abundancia de los “derivados” sobrepasa con mucho la de otros títulos y está minando una de las grandes conquistas de los derechos de propiedad: poder identificar con precisión cada bien y los intereses asociados a él. Así, la falta de pago de apenas un 7% de hipotecas malas garantizadas con “derivados” (las llamadas subprime) está contaminando los demás títulos de propiedad e infectando toda la economía.

No hay otra forma de representar y garantizar el valor de algo más que con los títulos que lo representa. Degradar estos títulos destruye la confianza en que se asienta la economía global. Si los “papeles tóxicos” contaminan el crédito y el capital, afectan a toda la economía. La pérdida de confianza no perdona a nadie, se expande en todas direcciones, más allá de las burbujas locales, llámense hipotecas subprime o negocios dot.com. Y así es cómo hemos llegado a la que puede ser la peor recesión de los tiempos modernos.

La solución no puede ser más clara: debe restaurarse la confianza en los documentos de propiedad. Para ello es necesario identificar el “papel tóxico” y purgarlo. He identificado al menos cinco obstáculos que los gobiernos deben vencer para armar un plan convincente y completo sobre el cual moverse sin titubear.

OBSTÁCULO 1

Los gobiernos saben controlar el dinero que imprimen e impedir que se desvalorice, pero no saben proteger el crédito.

Aunque el dinero puede volverse crédito, la abrumadora mayoría del crédito descansa en documentos de propiedad como hipotecas, acciones y “derivados”, papeles que no son dinero en sí mismos pero tienen alguno de sus atributos, lo que los economistas suelen llamar “moneyness” (“dineridad”, convertibilidad a dinero). Para evita la degradación de los documentos de propiedad y restablecer la confianza, el gobierno de Obama debe volver los ojos hacia las bien probadas reglas que garantizan la credibilidad de los documentos de propiedad.

1. Todos los documentos, así como los activos y transacciones que ellos representan o que de ellos se derivan, deben tenerse en registros de acceso público. Sólo registrando, ordenando y homogeneizando los títulos de propiedad —y actualizándolos de forma constante— podemos detectar instrumentos financieros y contractuales cuya multiplicación pueda llevar a una recesión. Los seres humanos usamos nuestra inteligencia para crear infinitas combinaciones lucrativas y también para engañarnos, dejarnos arrastrar por la ambición y cometer errores. Estas dos caras de la mente lucrativa son, como en Jano, parte de la misma moneda; sólo podemos distinguir la calidad de sus ocurrencias teniendo los datos claros en formatos escritos que nos permitan distinguir un crédito genuinamente diseñado para financiar operaciones productivas de otro armado sólo para satisfacer la fantasía y las ambiciones de los jugadores.

2. La ley debe tomar en cuenta las “externalidades” o efectos laterales de todas las transacciones financieras, según el viejo principio de erga omnes (“para todos”), desarrollado históricamente en los principios de propiedad para proteger a terceros de las consecuencias negativas de pactos secretos que nadie puede conocer sino quienes los hacen. Aplicar esta ley a los títulos y documentos financieros ayudaría a asegurar que los “derivados” corresponden al interés general y permitiría proteger a quienes no forman parte directa del trato pero podrían sufrir sus efectos.

3. Todo trato financiero debe estar firmemente ligado al valor real del bien en que se origina. Esto asegura que la cantidad de deuda asegurada o creada con base en los activos no quede peligrosamente “fuera de proporción” respecto del valor de los bienes que garantizan la deuda —discrepancia que es la causa mayor de una recesión, según el economista John Kenneth Galbrait—. Alineando deudas y activos podemos crear puntos de referencia (benchmarks) sencillos y entendibles para detectar con rapidez si una transacción financiera ha sido hecha para ayudar a la producción o para construir un casino de apuestas sobre remotos “activos subyacentes”.

4. El gobierno no debe olvidar nunca que la producción tiene prioridad sobre las finanzas. Las finanzas apoyan la creación de riqueza pero no crean valor por sí mismas. Esto lo reconocen por igual Adam Smith y Karl Marx. Deben ser tratadas como una especie de infraestructura, igual que las carreteras o los puentes. A menos que beneficien claramente a la comunidad, no deben apoyarse soluciones a la crisis que sacrifiquen la propiedad y la riqueza de los productores para subsidiar el desastre creado por financieros indisciplinados.

5. El gobierno puede alentar la flexibilidad en el uso de los activos, que puedan apalancarse, combinarse, rebanarse y fundirse en todas las formas imaginables, siempre que el proceso busque mejorar el valor del activo original. La mejora de los activos financieros, como el de las casas o la tierra, es un viejo y eficaz mecanismo que justifica el nuevo valor que adquieren los bienes —y los beneficios que pueden derivarse de ellos— así como el costo social de protegerlos legalmente. La principal justificación para dar el privilegio legal de existencia a un nuevo instrumento financiero debe ser que crea nueva riqueza real y no sólo otra forma de apostar.

6. El gobierno no puede seguir tolerando el uso de un lenguaje opaco y confuso en la redacción de instrumentos financieros; claridad y precisión son indispensables para crear nuevas formas de capital y crédito. Muchos de los títulos de los “derivados” carecen de transparencia, no son homogéneos, aparecen en el mercado en miles formatos tan ilegibles y complejos que es difícil incluso definir su valor o calcular su riesgo. En efecto, muchos títulos de “derivados” están tan pastosamente estructurados que ni los bancos pueden hacerse una idea del contenido de sus propios portafolios de valores. Los tribunales estadunidenses siguen rechazando muchos embargos hipotecarios que se apoyan en este tipo de documentos. Dada la primera suspensión de pagos, es prácticamente imposible saber a quién debe exigírsele el repago de la deuda por títulos de “derivados” que se han vendido un montón de veces. Será difícil calcular satisfactoriamente el valor de un “derivado” mientras las autoridades no los ordenen y despejen la confusión existente.

OBSTÁCULO 2

A los gobiernos de Estados Unidos y Europa les cuesta creer que la causa fundamental de una recesión puede ser un sistema legal mal documentado. Pero en los mercados emergentes, de donde vengo, la importancia del documento escrito es evidente.

La mayor parte de la población de los países en desarrollo es pobre y vive en la anarquía de la economía informal. Sus bienes y sus transacciones se apoyan en documentos de una debilidad crónica: no registrados, no homogéneos, difíciles de identificar y de ubicar y con un valor real tan opaco que la gente común no confía en los tratos que se derivan de ellos, ni son confiables tampoco para los mercados globales. En las economías informales del mundo en desarrollo la falta del crédito es un mal crónico.

Cuando veo la recesión que se ha desatado en Occidente —en gran medida por documentos contaminados— me siento en casa. Los políticos europeos y estadunidenses no deben olvidar lo que sus grandes pensadores han dicho por tres siglos, de Kant a Charles Sanders Pierce y Wittgenstein, a saber: que nuestras obligaciones y compromisos derivan de palabras registradas con precisión en documentos.

OBSTÁCULO 3

Algunos gobiernos se aferran a la esperanza de que el mercado mismo arreglará las cosas y que no hace falta sino recapitalizar los bancos, imponer una supervisión más estricta e inyectar dinero a la economía. Pero eso no será suficiente. Los mercados legales modernos sólo funcionan si los documentos son confiables y la gente tiene acceso a información y crédito claros.

“Dejen que el mercado haga su trabajo” significa hoy, en realidad, “Dejen que la economía informal haga su trabajo”. Y los principales beneficiarios de la economía informal son los buitres del capital y los tiburones del préstamo: devoran a productores y consumidores sin empleo con tasas de crédito y precios leoninos. Seguirán haciendo eso hasta que los ahorros y los bienes de quienes producen la verdadera riqueza hayan pagado la deuda generada por la presente crisis.

OBSTÁCULO 4

Quienes deben resolver la crisis sostienen que es virtualmente imposible limpiar y conocer el valor de los documentos contaminados que hay en los libros de las instituciones financieras. Hay que tener memoria. Abogados y funcionarios de Estados Unidos y Europa realizaron en otras épocas excelentes esfuerzos para ordenar documentos contaminados de deudas impagables, derechos confusos o legislación opaca. Resolvieron casos enredadísimos de titulación de la propiedad después de la fiebre del oro en California; recogieron los fragmentos del derrumbe del orden precapitalista en Europa; transformaron los enclaves feudales de Japón en una economía de mercado después de la Segunda Guerra y reunificaron Alemania después de la caída del Muro de Berlín.

Es el proceso del capitalismo: la continua descontaminación del valor de las cosas. En ese proceso estamos también desde hace décadas los países en desarrollo, tratando de acercar a nuestros pueblos a la corriente central del desarrollo mediante la regularización de nuestros bienes y valores, de los documentos contaminados, los “papeles tóxicos” de nuestra economía informal: títulos de propiedad de dudosa procedencia, licencias y contratos informales, lavado de dinero, pobres documentos de identidad.

OBSTÁCULO 5

Los gobiernos no pueden seguir poniendo la solución de este problema exclusivamente en manos de los expertos financieros que trabajan dentro del estrecho mercado en que nacieron los “derivados”. La lógica que gobierna los “derivados” carece de las normas necesarias para mantener los documentos ligados a la realidad, establecer indicadores para medir el daño y fórmulas para resolver los conflictos de interés entre quienes poseen títulos de “derivados” y el resto de la sociedad. La comunidad financiera no tiene tampoco vocación, incentivos ni interés económico en hacer ese trabajo, un trabajo primario que normalmente emprenden en los países en desarrollo reformadores hábiles e independientes.

LA ECONOMÍA REAL ES LA LEY

Existe el mito de que la economía real consiste en recursos naturales, producción y trabajo. En América Latina exportamos oro, cobre, soya, aeroplanos, coches, gas natural y petróleo. Sin embargo, estamos lejos de tener una economía real conectada con el resto del mundo. Lo que ha dado prosperidad a Occidente es la posibilidad de confiar y cooperar en gran escala, formar capital, otorgar crédito, combinar elementos de distintas fuentes en productos de creciente complejidad. Esto requiere documentos legales de propiedad y en ellos se asienta la economía real.

Salir de la recesión exige restablecer el orden, la precisión y la confianza en los documentos financieros. Es un enorme reto político y legal. Legal, porque el gobierno ha permitido que los documentos que representan bienes rompan la frontera del derecho abriendo el mercado semilegal de los “derivados”. También es un reto político, porque sólo restituyendo la legalidad puede contenerse la recesión, y los responsables de hacer leyes son los políticos.

Las decisiones duras sobre cómo localizar, valorar y aislar los documentos contaminados, así como definir quién debe pagar la cuenta de las pérdidas —los ciudadanos que pagan impuestos, los bancos o los buitres del capital— será menos difícil de tomar mientras más rápido entiendan los políticos que la alternativa puede ser el colapso mismo del sistema que ha generado la mayor prosperidad de la historia.

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